El Gobierno argentino abrió este lunes dos nuevos frentes de acción relacionados con las Islas Malvinas: anunció medidas administrativas y penales por vuelos realizados entre el archipiélago y Punta Arenas, y al mismo tiempo comunicó que avanzará con acciones internacionales contra Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.
Según informó oficialmente la Presidencia argentina, las operaciones aéreas cuestionadas habrían sido realizadas por la compañía británica Thales UK Limited mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según Buenos Aires, sin contar con autorización de las autoridades argentinas.
Argentina anuncia medidas por vuelos hacia Punta Arenas
A partir de esos antecedentes, el Ejecutivo comunicó que comenzará “procedimientos sancionatorios” y que impulsará acciones judiciales relacionadas con las operaciones denunciadas.
El comunicado de Presidencia detalló las instrucciones entregadas por el mandatario argentino:
“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos del gobierno que inicien de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales pertinentes, así como las gestiones diplomáticas necesarias”, señala el texto.
La medida apunta específicamente a las operaciones atribuidas a Thales UK Limited en la ruta aérea entre las islas y la ciudad chilena de Punta Arenas.
Proyecto Sea Lion abre otro frente con Reino Unido
Paralelamente, el Gobierno argentino decidió avanzar hacia un procedimiento de arbitraje amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Buenos Aires busca con esta acción detener el desarrollo del proyecto de hidrocarburos Sea Lion en la denominada Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos que Argentina reclama como parte de su plataforma continental.
Gobierno argentino fija plazo de dos semanas
El Presidente argentino reforzó públicamente esta posición mediante una publicación en X:
“Si en dos semanas el Reino Unido no para la explotación ilegítima, llevaremos el caso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió.
En la misma publicación acusó al Reino Unido de realizar el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.
La Presidencia argentina, en tanto, calificó la actuación británica como un “accionar ilegítimo” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de sus espacios marítimos circundantes.
Argentina cuestiona explotación unilateral de recursos
Dentro de su argumentación, el Ejecutivo argentino sostuvo que la explotación de recursos naturales en la zona “es contraria al derecho internacional” y que produciría un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama el país.
El Gobierno argentino comunicó además que intimó a Reino Unido para que adopte, dentro de un plazo de dos semanas, las medidas necesarias destinadas a impedir el inicio o continuidad de actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto.
La posición británica es diferente: Reino Unido considera a las Falkland Islands un territorio británico de ultramar y sostiene que corresponde a sus habitantes decidir su futuro político. La ONU, por su parte, registra formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre ambos gobiernos.
Buenos Aires anticipa eventual presentación ante tribunal internacional
En caso de no obtener la respuesta esperada dentro del período fijado, Argentina anunció que buscará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
“Si el Reino Unido no cumple con este requerimiento dentro del plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para proteger los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, anticipó el Gobierno.
El procedimiento de arbitraje anunciado por Argentina se fundamentaría en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Gobierno argentino anuncia continuidad de acciones diplomáticas y jurídicas
La controversia por los vuelos y el proyecto petrolero se suma a las medidas que Argentina viene adoptando contra personas y empresas que considera involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona disputada.
El comunicado oficial cerró reafirmando la posición sostenida por Buenos Aires:
“La República Argentina no se quedará con los brazos cruzados y seguirá defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconoce el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”.
