omo uno de los procedimientos de contrabando de cigarrillos más importantes en la historia de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Así fue calificada por las autoridades la operación que terminó con la formalización de una red de 13 personas que se dedicaban a la internación de tabaco a gran escala desde Argentina. El valor total de las especies incautadas supera los mil millones de pesos.

En total, se decomisaron más de 100 mil cajetillas —avaluadas en casi 700 millones de pesos por el Servicio Nacional de Aduanas—, más de 39 vehículos y cuatro inmuebles sobre los que se iniciaron los trámites precautorios para impedir su venta.

Las ganancias —según lo reflejado en la indagatoria— eran obtenidas a través de la comercialización en distintos sectores del país, pero con especial énfasis en una elaborada red de ventas minoristas que conformaron en Punta Arenas.

Para llegar a esto, dos de los imputados —de nacionalidad chilena— gestionaban la compra de grandes cargamentos de cigarrillos mediante contactos que tenían en Argentina, efectuando el pago en dólares que obtenían previamente en Chile.

Según cuenta el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica, Cristián Crisosto Rifo, la principal razón para comprar la mercancía en territorio trasandino, se sustenta en que una organización que se dedica a este tipo de delito, puede ganar hasta tres veces más de lo que conseguiría si los compra en nuestro país.

“En Argentina, los cigarros están subsidiados y en las provincias más australes están doblemente subsidiados. En el fondo, una cajetilla de cigarros que a usted en Río Grande le puede costar 1.500 pesos chilenos, acá en Chile la venden a 5 mil pesos”, afirma la autoridad de la región austral.

Luego de realizar la transacción, desde el país vecino, choferes de camiones aprovechando sus viajes regulares recogían la mercancía cerca de la ciudad de Río Grande, quienes ocultaban los cargamentos dentro de la carga declarada y los internaban —a través del paso fronterizo “San Sebastián”— en la región de Magallanes.

Una vez en territorio nacional, los camioneros se reunían con los miembros de la banda en un punto previamente acordado, donde realizaban el transbordo de la mercancía hacia furgones pertenecientes a los imputados. De ahí en más, en estos vehículos, materializaban mediante la táctica conocida como “Punta de Lanza” el traslado de los cargamentos hacia Punta Arenas. Se trata de una especie de convoy que cuenta con un automóvil de avanzada que se adelanta a aquellos que llevan la carga para avisar cualquier control policial. 

Al llegar a dicha ciudad, ocultaban los cargamentos en diferentes domicilios que eran utilizados como bodegas, para la posterior distribución al mercado minorista de la zona. 

La otra cara del delito

De acuerdo al fiscal, existen casos en los que este ilícito va aparejado de otros delitos. Entre ellos, el lavado de activos e incluso el tráfico de drogas. Así, sostiene que la comunidad en general no tiene conciencia de la relevancia de perseguir un fenómeno que —asegura— va al alza.

“La cantidad de dinero que se mueve a partir de este contrabando de cigarrillos es enorme y permite el blanqueo de activos de manera incluso más rápida que lo que puede dar el tráfico de sustancias estupefacientes”, asevera Crisosto.

En esa línea, acota que “el producto de estos ilícitos se invierte en el mercado formal a través lo que se llama la disimulación o la ocultación que se refiere a utilizar sociedades formales, legalmente constituidas con el objeto de poder mezclar activos lícitos con activos ilícitos”.

Tras la formalización, 8 imputados quedaron en prisión preventiva, 2 con arresto domiciliario total y 3 con arresto domiciliario nocturno. El tribunal otorgó un plazo de cinco meses para continuar con la investigación.