Fuente: Cooperativa
A partir de este miércoles, Chile contará con una nueva legislación para regular los funerales calificados como de alto riesgo, conocidos también como “narcofunerales”.
La normativa, que surge en respuesta a eventos conflictivos como funerales de personas vinculadas al narcotráfico, busca “dar tranquilidad a las personas” y asegurar que estos ritos se realicen “sin alterar la seguridad y el orden público”, explicó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Según afirmó la autoridad, uno de los propósitos centrales de la ley es evitar que esas ceremonias “se utilicen como mecanismo de enaltecimiento del crimen o los delitos que detrás de él se encuentran establecidos“.
En detalle, la ley establece un plazo clave: los funerales de riesgo -dijo Cordero- “deberán ejecutarse dentro del plazo de 24 horas de una vez notificada la resolución por parte del delegado presidencial”.
Este plazo abarca la totalidad del proceso funerario, incluyendo la inscripción de defunción en el Registro Civil, la identificación del fallecido y su traslado desde el lugar del deceso (o el Servicio Médico Legal) hasta el lugar de sepultación o cremación.
La normativa también contempla medidas para aumentar el control durante estos eventos. Se permitirá realizar controles de identidad e incluso impedir el ingreso de personas que estén bajo la influencia del alcohol o de las drogas en cementerios, crematorios o durante los traslados.
El despliegue de Carabineros
La legislación fue destacada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, asegurando que “viene a fortalecer este este proceso” de control y detallando que estos funerales contarán un promedio de “35 a 40 carabineros” desplegados para fortalecer la seguridad de la ciudadanía.
“Está orientado a darle seguridad a todas las personas que están, que de una u otra manera se vinculan en esto, y por supuesto evitar todo lo que sea la comisión de ilícitos”, puntualizó el líder policial.
Según se reveló, quienes incumplan las restricciones impuestas por esta ley enfrentarán consecuencias significativas. La normativa fija sanciones con penas de presidio menor en su grado medio, que van desde los 541 días hasta 3 años y un día de cárcel.
Además, se establecen multas que pueden alcanzar las 20 unidades tributarias mensuales (UTM).
La implementación de esta ley se basa en estadísticas recientes que reflejan la magnitud del problema. Desde mayo de 2019, se han registrado 2.438 funerales calificados de riesgo, con 169.968 controles preventivos realizados, 1.610 personas detenidas en este contexto y un despliegue total de 136.633 carabineros en los operativos.
La nueva ley busca revertir estas situaciones y fortalecer el control sobre estos eventos.
