Jorge Moraga, funcionario con una carrera de más de 20 años en la Defensoría Penal Pública, asumió su primer periodo como Defensor Regional en 2018.
Coyhaique. – Un nuevo periodo como Defensor Regional de Aysén cumplirá el abogado Jorge Moraga Torres, quien recientemente fue confirmado por el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, para un periodo de cinco años dirigiendo la Defensoría Penal Pública en la zona. Ello luego de ganar un concurso público que comenzó el pasado 16 de enero e incluyó evaluaciones de conocimientos, de aptitudes psicológicas y de competencias directivas.

Cabe señalar que los cargos de defensor regional dentro de la Defensoría Penal Pública, tienen una duración de cinco años, existiendo la posibilidad de volver a nombrar a este directivo en la misma región, siempre previo concurso público.

El pasado periodo de Jorge Moraga estuvo marcado por las exigencias y desafíos sanitarios y laborales propios de la pandemia por Covid19. Para el periodo que inicia, sus énfasis de gestión se orientarán a generar actividades de acercamiento con la sociedad civil e instituciones del sistema de justicia penal, abordar la situación de las mujeres privadas de libertad, buscar una alta calidad en la prestación de defensa penal pública, y apoyar al desarrollo y capacitación interna de sus funcionarios y funcionarias.

Respecto del actual contexto social, el Defensor Regional manifestó su preocupación sobre aquello a lo que nos puede llevar una mal entendida lucha contra el delito “estos próximos años indudablemente, estarán marcados por una manifiesta preocupación de la sociedad en torno al fenómeno de la delincuencia y las medidas, legales y de todo tipo, que hemos de adoptar para combatir este grave problema – reflexionó -. En ese ambiente se escuchan voces que promueven la idea de restringir libertades y afectar garantías básicas de todos los ciudadanos, bajo la falsa ilusión de que ese es un camino adecuado para esta lucha contra el crimen. Aquel fenómeno, y más allá del apoyo que pueda tener en las personas, torna imprescindible y crucial para la defensa cotidiana de los Derechos Humanos de todos quienes habitamos el país y la región, un actuar diligente, profesional y esmerado de la Defensoría Penal Pública”.